¿Podrá Milei evitar el desastre?

Una crisis de salud pública, como ha demostrado la pandemia de Covid-19, puede exponer las vulnerabilidades económicas, políticas y sociales de cualquier nación. En Argentina, desde mediados de marzo, el país enfrenta el peor brote de dengue en su historia, con más de 269,000 casos registrados, lo que representa un aumento de once veces en comparación con el verano de 2023. La administración liderada por el ultraliberal Javier Milei, que asumió el cargo ejecutivo argentino en diciembre pasado, ha optado por descartar la asignación de fondos adicionales para campañas de concientización y la inclusión de la vacuna contra esta enfermedad tropical en el calendario obligatorio. Esto se debe a su enfoque en el ajuste de las cuentas públicas y la reducción significativa del gasto público, dos de sus principales promesas de campaña. Las primeras cifras anunciadas por la Casa Rosada tras la implementación de esta estrategia parecen ser positivas para la nueva administración, obteniendo la aprobación de los mercados financieros.

En cuanto al desempeño fiscal, en enero y febrero Argentina logró dejar atrás doce años de déficit fiscal primario al registrar más ingresos que gastos en sus cuentas públicas. Esto posiciona al país en la senda para cumplir con el acuerdo establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye el ambicioso objetivo de alcanzar un superávit fiscal del 2,0% del PIB para 2024. Sin embargo, los subsidios, especialmente en transporte y energía, representan un 1,8% del producto interior bruto total. Los datos oficiales muestran que en el primer trimestre del año, el gasto total de la administración nacional experimentó una disminución del 29,7% en comparación con el año anterior.

“Los esfuerzos de la administración Milei, que apuestan por un rápido ajuste fiscal en 2024 para lograr un presupuesto equilibrado, son valorados positivamente”, comenta Sergio Armella, analista de Goldman Sachs, en una comunicación dirigida a inversores. Sin embargo, desde el banco estadounidense advierten: “La implementación sigue siendo crítica y desafiante”. Por su parte, Citibank, otro gigante financiero estadounidense, destaca que “Argentina sigue siendo una historia en busca de estabilización macroeconómica, aunque con signos positivos”. Además, los analistas de esta entidad señalan que la banca local ha demostrado ser resiliente a pesar de la compleja regulación local, lo que, al menos en el contexto del país, disipa los temores de una nueva crisis como la sufrida en 2001, cuando el sistema financiero local colapsó.

Otro punto que el Gobierno busca resaltar ante los inversores es la disminución constante de la inflación. Argentina experimentó un aumento de precios del 11% en marzo de este año en comparación con febrero, lo que la posiciona como el país con mayor inflación a nivel mundial, superando a otros casos crónicos como Líbano y Venezuela. En lo que va del año, la variación de precios ya supera el 51.6%. Sin embargo, lo que en otros países sería motivo de preocupación, en Buenos Aires puede ser interpretado de manera positiva: los registros muestran una fuerte desaceleración desde el pico alcanzado en diciembre, cuando el IPC llegó al 25.5% en variación mensual. Según las encuestas del Banco Central argentino, la expectativa del mercado es que el aumento en 2024 se limite al 189.4% interanual, más de veinte puntos por debajo del registro de 2023. “Estamos atravesando la fase más aguda del proceso inflacionario, que se desacelerará gracias a la combinación del ancla fiscal y monetaria”, señala un informe reciente de BBVA Research sobre la economía local.

Cualquier evento, como la crisis del dengue, puede revelar otra vulnerabilidad económica en Argentina. El brote de esta enfermedad ilustra el aislamiento internacional que enfrenta el país sudamericano: las restricciones a la importación de repelentes y los insumos para fabricarlos han resultado en la escasez de insecticidas en supermercados y farmacias de las principales ciudades. Esto ha llevado al Gobierno a levantar barreras para la importación de productos de otros países, eximiéndolos del IVA y otras retenciones. En 2023, la economía local fue una de las más cerradas de América Latina, con una participación en el comercio global del 0.25%, la tasa más baja registrada en la historia, según el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. “El país sigue inmerso en un entorno de estanflación crítica, caracterizado por la falta de crecimiento y una inflación descontrolada”, resume el director de inversiones discrecionales y de retorno absoluto en Epsilon.

Deuda

Más allá de los indicadores macroeconómicos, el Ministerio de Economía, liderado por un ex alto ejecutivo de JP Morgan y Deutsche Bank en la región, está dedicando esfuerzos locales para demostrar el éxito de su plan a los inversores internacionales. En particular, el rally de los bonos de deuda soberana en dólares estadounidenses ha experimentado un incremento de hasta el 50% en lo que va del año. La deuda pública emitida en moneda extranjera con vencimiento en 2030, como el Global 30, ahora cotiza por encima de los 60 dólares, triplicando su mínimo en 2022, cuando el bono cayó a los 19 dólares. Esto posiciona a la deuda argentina como una de las más rentables entre los mercados emergentes.

“Sin embargo, los bonos argentinos aún enfrentan dificultades debido al alto riesgo de ejecución”, señala Sibani. Esto se refleja en la prima de riesgo local, que, aunque se mantiene en su nivel más bajo en los últimos cinco años, aún duplica los niveles bajos alcanzados durante la administración del conservador Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

“Todos los titulares influyen en los precios de los bonos”, afirma Laura Reardon, gestora de carteras de renta fija en la gestora Columbia Threadneedle, quien destaca la importancia de examinar más a fondo al evaluar los bonos. Entre los factores destacados se encuentra “el ruido político, que tiene un peso considerable”. La situación no es fácil: el Gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras ni gobierna en ninguna de las 24 provincias que componen el país. La debilidad parlamentaria se hizo evidente con el rechazo en febrero de su megaley de desguace del Estado, una iniciativa que buscaba dar un gesto al mercado mediante el cambio del sistema de pensiones y la privatización de las empresas públicas.

La verdadera prueba para evaluar la situación de la deuda argentina se encuentra en las negociaciones con el FMI. A fines de enero pasado, este organismo multilateral aprobó un desembolso adicional de 4.700 millones de dólares, lo que permitiría cubrir casi todos los pagos hasta abril. El Gobierno argumentó que esto no constituye un nuevo auxilio, sino que forma parte del plan acordado por la administración peronista anterior en 2022. Sin embargo, todas las expectativas están puestas en una posible ampliación del préstamo, sumando 15.000 millones de dólares adicionales. Esto permitiría al Gobierno avanzar en una de las grandes promesas de Milei: la dolarización o, al menos, la libre competencia de monedas en la economía diaria.

Recientemente, las últimas proyecciones publicadas por el FMI brindan un respiro al Gobierno. Aunque se estima que la caída del PIB podría llegar al 2,8% en 2024, los cálculos del organismo dirigido por Kristalina Georgieva resaltan que la deuda pública bruta se reducirá en 45 puntos, descendiendo del 154% del PIB a un 86% en 2024. Las expectativas son tan positivas desde Washington que incluso señalan que este indicador podría descender hasta el 47% en 2029, lo que contrasta significativamente con el 104% previsto para España en ese mismo año.

“Los niveles de deuda no son motivo de preocupación, ni siquiera en relación con el PIB”, señala Santiago Batista, director ejecutivo del centro de ideas ICiudad. “El verdadero problema de Argentina reside siempre en el corto plazo, en los próximos tres años. Las oportunidades a largo plazo, incluso a 100 años, se asemejan a la economía suiza, pero el desafío principal siempre es la coyuntura”, añade. Las cifras corroboran esta visión: el año próximo, la administración enfrentará vencimientos de deuda en dólares por un total de 7.000 millones, la mayoría de ellos programados para enero.

“Tenemos la hipótesis de base de que será necesaria alguna forma de reestructuración”, señala Reardon, destacando la importancia de posponer los pagos programados para el próximo año. En este sentido, una nota de inversión de Citi confía en que una “reestructuración suave” podría llegar el próximo año, pero considera que “un nuevo escenario de ‘default’ es poco probable, dado que el equipo económico busca seguir la ideología del presidente y mostrarse como amigable para los inversores”. El banco estadounidense sugiere que una posición larga en la deuda que vence en la próxima década resulta atractiva.

Sin embargo, hay detractores de esta visión optimista en el mercado. Oxford Economics estima una probabilidad del 75% de que Argentina vuelva a caer en default entre 2025 y 2027, lo que implicaría una difícil renegociación con los inversores. “Esperamos que los ajustes a través de diferentes políticas en Argentina fracasen el próximo año”, señala de manera contundente la última nota publicada por la consultora.

No obstante, todas las grandes firmas del sector coinciden en que aún falta mucho para que la administración de Milei pueda emitir nueva deuda en los mercados internacionales, especialmente considerando los dos grandes conflictos bélicos que están alterando los planes de las principales potencias. Además, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para noviembre de este año, añaden otro factor de incertidumbre para el sector de la renta fija.

Una carrera de imprevistos

La hoja de ruta oficial, aunque aún no se ha formalizado en un plan integral y público, no excluye la posibilidad de que surjan imprevistos. Los litigios pendientes que enfrenta el país sudamericano en el extranjero podrían convertirse en un nuevo desafío para la administración. Un ejemplo de ello es el caso de la demanda abierta contra el Estado por la expropiación de YPF en 2012, donde la justicia estadounidense ha ordenado al Gobierno pagar alrededor de 16.000 millones de dólares. La actual administración busca retrasar el proceso, aunque esto conlleva un costo diario de 2,5 millones de dólares en intereses, como lo destacó recientemente la prensa local. Hasta el momento, los abogados de Burford, que han adquirido los derechos de litigio de la familia Eskenazi, están focalizando sus esfuerzos en los activos embargables del Estado argentino en el extranjero, que van desde los aviones de Aerolíneas Argentinas hasta los satélites de la empresa pública de telecomunicaciones.

A pesar de los datos alentadores que la Casa Rosada intenta destacar ante los inversores extranjeros, la actividad económica sigue estancada. Según los últimos datos de febrero, la producción industrial ha disminuido un 9,9% interanual, y el 50,6% de las empresas esperan una contracción continua en la demanda. El sector de la construcción es uno de los más afectados, con una caída del 24,6% en comparación con el año anterior, principalmente debido a los recortes en el gasto en obras públicas y desarrollo de infraestructura.

El gran interrogante que comparten todas las partes es cómo el Gobierno logrará articular su plan económico con el calendario electoral, con las próximas elecciones legislativas programadas en 18 meses. “La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué tan dispuesta estará la población a aceptar otro ajuste estructural?”, concluye Batista. Por ahora, la llegada del invierno traerá consigo la retirada de los mosquitos, al menos eliminando esta molestia específica.

Capafons & Cia. S.L.

See Full Bio