Lo que permitirá el Gobierno a los fondos de inversión
El Ministerio de Economía ha respondido a una de las demandas más recurrentes de la industria de fondos de inversión: permitir que estos puedan prestar las acciones en cartera a terceros. Esta práctica, conocida como préstamo de valores, es común en otros mercados europeos y, al aumentar el rendimiento de los fondos, era una petición habitual del sector. La normativa que regulará este mecanismo ha sido activada por el Tesoro, responsable de la legislación financiera, que ha puesto en audiencia pública la orden ministerial correspondiente para recoger comentarios del sector.
El préstamo de valores beneficia a los fondos de inversión, ya que les permite cobrar un interés, similar a un crédito bancario. Los principales solicitantes de estos préstamos son, en su mayoría, inversores bajistas, que apuestan a la caída de un valor. Estos inversores toman prestadas las acciones de una empresa a un precio determinado, las venden en el mercado y esperan que el valor baje para comprarlas a un precio menor antes de devolverlas. Además, el préstamo de valores puede emplearse para la cesión de cobro de dividendos. Aunque los fondos de inversión españoles aún no pueden realizar esta práctica, los inversores particulares ya pueden prestar sus acciones individualmente, una opción que Bankinter ha abierto a pequeños inversores.
Los propietarios de los títulos prestados reciben una compensación económica, cuyo valor varía según el activo. El préstamo de valores por parte de los fondos está permitido en toda la UE, siendo Bélgica el último país en regularlo en 2007. En España, una orden ministerial se redactó en 2008, pero se desestimó tras el estallido de la crisis financiera, pues no se quería fortalecer a los inversores bajistas. En 2018, el proyecto se retomó, pero la moción de censura que destituyó al Gobierno de Mariano Rajoy volvió a detenerlo. Sin embargo, los inversores bajistas ya pueden apostar por acciones españolas utilizando otros fondos no domiciliados en el país, por lo que la norma no brinda una protección efectiva frente a este tipo de inversiones.
Dieciséis años después, parece que el proyecto verá la luz. La nueva normativa estará dirigida exclusivamente a fondos de inversión tradicionales, excluyendo los fondos alternativos y los de pensiones. Además, se introducirán salvaguardas para proteger tanto a los inversores como al mercado. Entre estas medidas están los límites al patrimonio que puede prestarse (75%), la diversificación de los prestatarios (máximo 35% de concentración), y requisitos de solvencia y tipo de entidad. También se contemplan medidas de colateralización, transparencia, control interno y procedimientos de liquidación que aseguren una ejecución segura y ordenada.
Según Inverco, la asociación de fondos de inversión, más del 60% de las carteras de inversión españolas podría ser elegible para el préstamo de valores. Se estima que la rentabilidad adicional sería de 10,14 puntos básicos (0,1014%) para los fondos de renta variable española y de 1,40 puntos básicos (0,014%) para la deuda pública española. Otras fuentes elevan la rentabilidad hasta 0,2 puntos porcentuales. Los fondos de renta variable serían los más beneficiados, ya que cobrarán más por las acciones que prestan.
Desde Inverco confían en que el proceso de audiencia pública no encontrará oposición, argumentando que los principales beneficiados serán los partícipes de los fondos, quienes obtendrán un rendimiento adicional. Respecto a las empresas cuyas acciones se prestan, el impacto sería mínimo, ya que los bajistas pueden tomar prestados estos valores a través de otros agentes.
El rendimiento extra obtenido por los fondos depende del tipo de valor. Las acciones de empresas grandes, estables y con alto volumen de negociación generan menores retornos, ya que son fáciles de conseguir en el mercado. Sin embargo, las acciones de compañías más pequeñas y volátiles pueden generar retornos de hasta el 150% TAE para quien las presta. Actualmente, una de las acciones más demandadas por los prestatarios es la de Oryzon Genomics, una biofarmacéutica que busca cotizar en el Nasdaq.
El riesgo de pérdida para el prestador de los valores es muy bajo. En caso de que el prestatario no devuelva las acciones, los colaterales entran en juego. Las plataformas de intermediación en estos préstamos no solo exigen garantías por un valor superior al de las acciones prestadas, sino que, en algunos casos, también solicitan carteras diversificadas para mitigar el riesgo.
